La Fiscalía General de la Nación imputó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de tres contratos financiados con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estas contrataciones, que sumaban $92.000 millones, estaban destinadas a proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
Según la investigación, los contratos habrían sido entregados de manera irregular para favorecer intereses políticos. En el proceso también ha surgido el nombre del exministro Ricardo Bonilla, señalado de intervenir para beneficiar a congresistas que apoyaban su gestión en las comisiones económicas.
Además, la Fiscalía vinculó otros contratos a la investigación, como un proyecto en Sahagún, Córdoba, por $28.146 millones, y el alquiler de maquinaria en Riohacha, La Guajira, por $2.125 millones.
Tanto López como Pinilla fueron acusados del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero no aceptaron los cargos. Actualmente, ambos buscan acuerdos con la justicia para reducir sus penas a cambio de colaborar con la investigación y revelar otros involucrados en la presunta red de corrupción.
Desde su lugar de reclusión, López expresó arrepentimiento y pidió perdón a la ciudadanía. Por su parte, Pinilla confirmó que su estrategia legal incluye un preacuerdo y un principio de oportunidad. La Fiscalía sigue analizando más pruebas para determinar el alcance de la red que habría operado en la UNGRD.
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