El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba recusar a la jueza Sandra Heredia por presuntas vulneraciones al debido proceso. Esta decisión permite reanudar el juicio contra Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En este artículo, te contamos los detalles del fallo y sus implicaciones.
La tutela de la defensa de Uribe
La defensa de Álvaro Uribe argumentó que la jueza Sandra Heredia había violado sus derechos fundamentales al rechazar en cuestión de minutos una solicitud de recusación sin evaluar su fondo. Además, alegaron que la jueza había emitido opiniones extraprocesales que demostraban su parcialidad.
En una intervención de más de dos horas durante la audiencia del 10 de febrero de 2025, y en un escrito de 44 páginas, los abogados de Uribe insistieron en que la jueza priorizó la celeridad procesal sobre las garantías procesales. Sin embargo, el Tribunal Superior no encontró sustento en estas afirmaciones.
En su decisión, el Tribunal Superior destacó que la defensa no logró especificar cuál fue la manifestación, opinión o consejo emitido por la jueza que demostrara su imparcialidad.
“Es llamativo que a pesar de que el defensor postulante realizó una intervención verbal de más de dos horas en la audiencia de juicio oral el 10 de febrero de 2025 y escrita de 44 hojas en la demanda de tutela, no haya expresado cuál fue la manifestación, opinión o consejo que emitió la funcionaria judicial extraprocesalmente, que la dejara inmersa en la causal invocada, por mostrarse abiertamente imparcial contra el acusado”, señaló el fallo.
Además, el Tribunal declaró improcedente el amparo constitucional interpuesto por Uribe, levantando la medida provisional que suspendía temporalmente el proceso.
Con esta decisión, el juzgado podrá reanudar las diligencias del juicio contra Álvaro Uribe, quien enfrenta cargos por soborno a testigos y fraude procesal. Este caso ha sido uno de los más seguidos en Colombia, dada la relevancia política del expresidente.
El fallo también refuerza la importancia de garantizar la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, sin sacrificar las garantías procesales de las partes involucradas.
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