Este miércoles 18 de diciembre de 2024, la juez tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en contra de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el comienzo del gobierno de Gustavo Petro.
La exfuncionaria está implicada en un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y congresistas, vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz desempeñó un papel clave como intermediaria en el desvío de 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados al expresidente del Senado, Iván Name, como parte de un esquema de financiación ilícita de campañas políticas.
Sandra Ortiz: de la Casa de Nariño al Buen Pastor por corrupción millonaria
El caso contra Sandra Ortiz cobró fuerza tras las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien reveló que Ortiz actuó como “mensajera” en la entrega de los 3.000 millones de pesos. Estas acusaciones fueron respaldadas por registros de chats, videos y datos de georreferenciación, que sirvieron para rastrear los movimientos de los involucrados en octubre de 2023, cuando presuntamente se transportó el dinero.
Además, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, aportó detalles clave al caso, incluyendo reuniones entre Ortiz y altos funcionarios en la Casa de Nariño, donde se habría pactado la manipulación de contratos por un valor inicial de 60.000 millones de pesos, luego reducido a 3.000 millones.
Según la fiscal María Cristina Patiño, estos fondos estaban destinados a financiar la campaña de María Clara Name, hija del senador Iván Name, al Concejo de Bogotá.
La juez tercera penal decidió enviar a Ortiz a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, argumentando que representa un peligro para la sociedad y podría interferir en la investigación mediante presión a testigos. Además, se reveló que la exfuncionaria eliminó conversaciones de WhatsApp relacionadas con la coordinación del esquema ilícito, lo que, según la Fiscalía, refuerza la necesidad de la medida.
Entre las pruebas también se incluyeron cambios en las declaraciones de miembros del esquema de seguridad de Ortiz, quienes inicialmente respaldaron su versión, pero más tarde admitieron inconsistencias sobre el uso de vehículos oficiales en las fechas clave.
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