El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, se convirtió en el primer funcionario condenado por corrupción en el marco del escándalo que sacude a esta entidad.
El fallo fue emitido por el Décimo Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que dictó una pena de cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de imponer una multa de 3.550 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la restitución de $618 millones obtenidos mediante desvío de fondos públicos.
Pinilla fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado (como autor) y peculado por apropiación agravado (como coautor impropio), relacionados con la manipulación de contratos durante declaratorias de emergencia en cinco departamentos del país.
No hubo beneficios judiciales
El juzgado negó la solicitud de detención domiciliaria y el acceso a beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, debido a la gravedad de los hechos y a la falta de cumplimiento de los requisitos legales para su concesión.
Sin embargo, por razones de seguridad, se autorizó su reclusión en una guarnición militar, en lugar de una cárcel convencional.
Reducción de pena y cooperación con la justicia
Gracias a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se le otorgó una reducción del 45 % de la condena. A cambio, Pinilla aceptó su responsabilidad penal y se comprometió a colaborar con la justicia, ofreciendo información clave sobre al menos 25 personas involucradas, incluyendo funcionarios de alto nivel, congresistas y contratistas.
Nueva denuncia por sobrecostos de alimentos
A esta condena se suma una nueva denuncia penal en su contra, presentada el 28 de abril por el representante Cristian Avendaño y el concejal Carlos Parra, en la que se acusa a Pinilla y a la Fundación Pintando Huellas de inflar contratos de alimentos destinados a damnificados por emergencias.
Los denunciantes aseguran que se cobraron hasta 400 % más del valor de mercado, como en el caso de almuerzos a $91.000 y refrigerios a $52.000. Además, el contrato incluyó alquiler de sillas plásticas a $19.000 cada una y tarimas por $5 millones al día, costos que superan ampliamente los precios normales.
Este caso marca un precedente en la lucha contra la corrupción en entidades encargadas de la atención de desastres en Colombia, y pone bajo la lupa las contrataciones dentro de la UNGRD.
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