El Congreso de Colombia dio un paso decisivo este martes al oficializar la creación de una comisión accidental en la Cámara de Representantes para la reestructuración del gasto público. La nueva instancia estará integrada por 16 congresistas de 9 partidos políticos, y su objetivo será trazar una ruta que permita optimizar el uso de los recursos del Estado.
La comisión fue promovida por el representante del Centro Democrático, Christian Garcés, quien aseguró que el propósito es buscar consensos técnicos y políticos para reorganizar las finanzas públicas, garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal, recuperar la confianza en los mercados y priorizar la inversión social.
Primera sesión se realizará la próxima semana
La comisión iniciará sesiones la próxima semana y se espera que el Gobierno Nacional participe activamente desde el comienzo. El punto de partida será un diagnóstico técnico del gasto público actual, que permitirá estructurar recomendaciones legislativas enfocadas en una reforma integral.
“Con esta comisión buscamos consensos técnicos y políticos para reorientar el gasto estatal y organizar las finanzas públicas de manera que los recursos puedan destinarse hacia la inversión social”, afirmó Garcés.
Evaluación del gasto de funcionamiento y propuesta de reformas
Entre las funciones de la comisión están:
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Analizar la estructura del gasto de funcionamiento del Estado.
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Evaluar su impacto sobre la inversión social y la sostenibilidad fiscal.
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Proponer estrategias de racionalización y eficiencia del gasto.
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Escuchar a expertos, gremios y ciudadanía para construir propuestas viables.
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Elaborar recomendaciones legislativas para una reforma estructural.
La iniciativa surgió tras un debate de control político en marzo, donde se advirtió sobre el crecimiento descontrolado del gasto de funcionamiento del Estado.
Contexto fiscal crítico: déficit de $46 billones
Según cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Colombia enfrenta una coyuntura fiscal alarmante, con un déficit estimado de $46 billones. Los miembros de la comisión coincidieron en que es urgente reducir los gastos de funcionamiento para liberar recursos hacia programas de inversión pública que beneficien directamente a los ciudadanos.
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