El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, amparando su derecho al debido proceso y la defensa en el juicio que enfrenta por soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión del Tribunal ordena a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva el caso, que permita a la defensa de Uribe culminar el descubrimiento probatorio, tras considerar que su negativa pudo haber llevado a la nulidad del juicio.
El expresidente presentó la tutela el pasado 3 de octubre, argumentando que la jueza Heredia no le concedió el tiempo necesario para finalizar un análisis forense del material extraído del computador y celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso.
Según la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, esta decisión afectó gravemente la posibilidad de enunciar y descubrir pruebas fundamentales para el caso.
El Tribunal Superior de Bogotá ordena reabrir el descubrimiento probatorio en el juicio de Álvaro Uribe
En su momento, la jueza sostuvo que fue el propio abogado de Uribe quien renunció explícitamente al descubrimiento probatorio, negando que hubiera irregularidades en su actuación. Sin embargo, el Tribunal Superior determinó que la negativa a permitir el descubrimiento y la falta de atención a una solicitud de nulidad presentada por la defensa de Uribe vulneraron los derechos fundamentales del exmandatario.
El fallo del Tribunal, con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco, ordena que, en un plazo de 48 horas, la jueza programe la continuación de la audiencia preparatoria. En esta, la defensa de Uribe podrá enunciar las pruebas que sostendrán su teoría del caso y oponerse a las presentadas por la Fiscalía.
El Tribunal enfatizó que la jueza debió permitir la sustanciación de la solicitud de nulidad, lo que habría evitado la necesidad de recurrir a una tutela para proteger los derechos procesales de Uribe.
La decisión del Tribunal también advierte que, de haber prosperado la negativa de la jueza, esto podría haber llevado a la anulación del juicio en una fase más avanzada, lo que atentaría contra los principios de eficacia y economía procesal.
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