La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha propuesto una restricción para la tecnológica Meta que impida la monetización de los datos de los usuarios menores de 18 años, en respuesta a la presunta falta de cumplimiento de sus compromisos de privacidad. La FTC afirma que Meta ha violado el acuerdo de privacidad que alcanzó con la agencia reguladora en 2020, que obligó a la empresa a pagar una multa civil de 5.000 millones de dólares.
La agencia reguladora acusa a Facebook, el antiguo nombre de la compañía, de haber engañado a los padres acerca de su capacidad para controlar con quién se comunicaban sus hijos en la aplicación Messenger Kids, y de haber tergiversado el acceso que daba a algunos desarrolladores de aplicaciones a los datos privados de los usuarios.
Como resultado de estas acusaciones, la FTC ha propuesto una serie de medidas para proteger la privacidad de los usuarios, que incluyen prohibir que Meta obtenga ganancias derivadas de los datos de los menores, incluyendo después de superar los 18 años, así como nuevas limitaciones en el uso de tecnología de reconocimiento facial y protecciones adicionales para los usuarios.
La propuesta de la FTC también abarca los productos de realidad virtual, que se enmarcan en el negocio del metaverso, una apuesta en la que Meta ha invertido con fuerza pese a que hasta ahora no es rentable, y que según la empresa tiene previsto apoyarse en los usuarios adolescentes.
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Esta no es la primera vez que la FTC toma medidas contra Meta, siendo la más destacada la multa impuesta en 2020 junto con una serie de compromisos para proteger la privacidad de los usuarios, que la agencia ahora denuncia que no se están cumpliendo.
Meta ha reaccionado a la propuesta considerándola una “maniobra política” y ha afirmado que la FTC no les ha dado la oportunidad de discutir esta teoría nueva y sin precedentes, pese a que llevan tres años trabajando en las medidas recogidas en el acuerdo. La empresa ha asegurado que “confrontará” las alegaciones.
La FTC ha dado un plazo de 30 días a Meta para responder a su propuesta, que forma parte de un proceso interno que comienza con una presentación de acusaciones de “riesgo público” y eventualmente puede terminar en un juzgado que decida sobre una orden, recurrible por la empresa.
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