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Las ocupaciones y el miedo a perderlo todo en Venezuela Las ocupaciones y el miedo a perderlo todo en Venezuela

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Las ocupaciones y el miedo a perderlo todo en Venezuela

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El pasado 6 de mayo, la vida de Orencio Mariñas dio un giro de 180 grados. Su taller textil en Caracas fue ocupado, “invadido”, como se dice en Venezuela, y quedó en la ruina. Su caso es uno entre muchos de propietarios de viviendas o locales que ven como se aleja la esperanza de recuperarlos, pues el nuevo Parlamento promete apoyar las tomas, incluso, de casas de migrantes.

“La realidad es que, en Venezuela, la justicia tiene de verdad los ojos vendados. En mi caso particular se me vulneró (…) mi derecho al trabajo. Aun teniendo 80 años, se me arruinó y condenó a la indigencia”, explica Mariñas a Efe desde su casa, donde permanece enclaustrado por temor a la covid-19.

Este emigrante español lleva 63 de sus 80 años viviendo en Venezuela, donde pasó los últimos 35 con su pequeña empresa en la que elaboraba morrales, maletas, maletines y bolsos, la misma que iba a reconvertir para tejer tapabocas contra la enfermedad que ha marcado los últimos 10 meses de su vida.

“ÓRDENES DE ARRIBA”

De ese 6 de mayo recuerda algo con especial frustración: llamó a las autoridades, llegaron agentes de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía “y se retiraron porque habían recibido ‘órdenes de arriba’ para abandonar el edificio”.

“Los invasores dicen tener un protocolo muy estricto para dejarnos entrar a las fábricas y nos han permitido entrar para sacar algunas cosas, pero sin poder tomar ninguna foto ni hablar entre nosotros”, explica Mariñas desde su encierro forzado por la pandemia.

Sin embargo, la sorpresa de este migrante, en el que todavía es fácil reconocer el acento propio de El Bierzo, creció al recibir permiso para entrar fugazmente a su negocio: “Solo quedaban las máquinas y unos rollos pesados de tela”.

“Los materiales y cosas de fácil manejo y fácil venta se los habían robado, desde dos cauchos nuevos de la camioneta, hasta más de 200 bolsos de nuestra producción que se estaban confeccionando”, denuncia.

A sus 80 años, le quedan las energías para batallar propias de un quijote como el que adorna su salón y bajo el que espera que pase el peligro del virus. O las de un migrante incansable, como lo es ahora su hijo.

“Prefiero tener honra sin máquinas, que máquinas sin honra”, recita mientras recuerda a un gallego ilustre, el almirante Casto Méndez Núñez.

CONFISCAR LOS BIENES DE LOS EMIGRANTES

Ni el miedo ni la situación es nueva. Pero el pasado 5 de enero comenzó a trabajar una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que el 92 % de los diputados son chavistas y su vicepresidenta, Iris Varela, lanzó una promesa que a muchos sonó a amenaza.

“Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país”, dijo en una entrevista con un periódico local, afín a las propuestas del oficialismo que no mereció réplica del periodista.

Desde entonces, según explica el activista Carlos Julio Rojas, “ha habido más de diez intentos de invasión”, solo en el municipio Libertador, el más grande y tradicional de los cinco que componen el complejo entramado administrativo de Caracas. Lo que en otro lugar, sin ese caos de gobiernos locales, sería el centro de la capital.

“En 2020, (…) hubo 53 intentos de invasión de los que nosotros recibimos información. De ellos, 40 fueron en cuarentena (que se prolongó de marzo al 1 de diciembre) y un aspecto que es muy importante, ya no son solo viviendas y residencias”, explica el coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas.

Según sus registros, el 57 % de las invasiones son a “locales comerciales y edificios de industriales con apoyo directo, complicidad, unas veces por acción y otras por omisión del Ejecutivo”.

Rojas detalla que los ocupantes “buscan edificios que son vulnerables, apartamentos que estén solos” pero advierte que “las invasiones no tienen que ver con el tema de vivienda, tiene que ver con un negocio que tiene que ver con matiz político y económico”.

“La violación a la propiedad privada es una política de estado”, concluye.

INDEFENSIÓN

“Hemos hecho muchas gestiones ante Fiscalía y organismos de seguridad y ha sido muy difícil restituir el derecho de propiedad porque las leyes no nos apoyan y hay un estado de indefensión”, explica a Efe Omar Pérez.

Su familia tiene varios apartamentos en un céntrico edificio que han sido ocupados. De algunos, explica, dejaron de pagar el alquiler, otros fueron invadidos por desconocidos.

Uno de esos apartamentos, comenta, quedó vacío hace ocho años, cuando los arrendatarios se fueron de Venezuela, pero otra familia lo “cuidaba” aunque no vivía allí. Cuando lo supo, puso un candado a la puerta para evitar que aquellas personas que no conocía pudieran acceder a la vivienda de su propiedad.

“Apenas hicimos eso apareció un supuesto movimiento de inquilinos liderado por (el entonces candidato a diputado por el oficialismo) Rigel Sergent (…) y ese grupo de personas, junto con otras personas del movimiento de inquilinos y otras personas del edificio procedieron a reventar las puertas del apartamento y las destruyeron”, explica.

En ese caso y tras una disputa judicial consiguió que no entraran a su vivienda, algo que no logró en los otros apartamentos, de los que sigue pagando el mantenimiento para evitar una expropiación legal y advierte: “Sencillamente, me voy a arruinar”.

El riesgo de perderlo todo, como Mariñas, de arruinarse. Son dos casos entre muchos de propietarios de talleres o viviendas que temen que el nuevo Parlamento extienda las redes de la ocupación en toda Venezuela y sean todavía más quienes se queden sin nada.

EFE

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Queman en Santiago de Chile la estatua del general Manuel Baquedano

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Queman en Chile la estatua del general Manuel Baquedano

Más de 60 detenidos fue el saldo de una nueva jornada de protestas en Chile, el histórico monumento del general Manuel Baquedano quedó en llamas.

Un grupo de manifestantes prendió fuego a la estatua del general en un nuevo viernes de protestas en Santiago de Chile.

El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, condenó “enérgicamente la afrenta a la estatua”.

Al menos 63 personas fueron detenidas.

Por su parte, el Ejército también condenó las acciones vandálicas que se realizaron en el epicentro del estallido social en 2019.

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Jorge Escobar, libre en el caso por la muerte de Tomás Bravo pero aún falta mucho

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Jorge Escobar: caso Tomás Bravo, menor muerto en Chile

Jorge Escobar, el tío abuelo del menor Tomás Bravo ha recuperado su libertad en las últimas horas en medio de un proceso al que todavía le falta mucha tela por cortar en Chile.

El abogado defensor Cristián Sleman ha acusado a la fiscalía de mal manejo del caso y ha aseverado a la prensa local que este caso deberá ir hasta lo más profundo donde la ciencia sea capaz de esclarecer las causas de la muerte.

Por ahora, el principal sospechoso vuelve a su casa al considerarse que las pruebas en su contra no son contundentes y que se debe ampliar y recolectar más información.

La familia de Escobar, particularmente su hijo ha acusado a la prensa de encasilla a su papá en el papel de culpable sin tener los datos que corroboren tal apreciación.

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Gobierno venezolano exige a Cabo Verde la “liberación inmediata” de Alex Saab

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Alex Saab

El Gobierno de Venezuela exigió este viernes a Cabo Verde la liberación inmediata del empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido desde junio en ese país africano y es solicitado en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de ser un presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.

La llamada revolución bolivariana insta a Cabo Verde “a que proceda con la liberación inmediata del diplomático venezolano Alex Saab, quien se encuentra ilegalmente detenido (…) mientras espera el resultado de su audiencia de extradición”, dice un comunicado de la Cancillería venezolana.

El empresario arrestado nació en Colombia pero, semanas después de ser arrestado en la isla caboverdiana de Sal mientras su avión hacía escala para repostar, el Ejecutivo de Maduro dio a conocer que tenía nacionalidad venezolana y que actuaba como “enviado especial” de ese Gobierno cuando fue detenido.

Alex Saab “es un diplomático plenamente documentado y con derecho a la protección del derecho internacional consuetudinario que rige los desplazamientos y la protección de diplomáticos y agentes políticos, razón por la cual Cabo Verde no podía ni debía interferir en la misión especial humanitaria que estaba llevando a cabo”, prosigue el escrito.

A juicio del Gobierno chavista, la actitud de Cabo Verde en este caso es “atípica”, pues ha permitido que Alex Saab atraviese por “adversas condiciones de detención” durante casi 270 días en los que “le están privando de su salud y, de forma crítica, de la capacidad de prepararse significativamente para su defensa”.

“Todo ello sin haber cometido ningún delito”, subraya.

La Administración de Maduro también dio a conocer, después de que se produjera el arresto, que el empresario colombiano es embajador de Venezuela y, por ello, gozaba de inmunidad diplomática.

“El embajador Alex Saab ha perdido cerca de 30 kilos desde el inicio de su detención ilegal y está perdiendo la capacidad de concentración, lo cual perjudica de manera substancial el tiempo que puede dedicar al estudio” de las acusaciones que pesan sobre él, añade la Cancillería venezolana.

El Gobierno y una corte de Cabo Verde han aprobado la entrega a EE.UU. del supuesto testaferro, si bien este ha apelado ante el Supremo Tribunal de Justicia de ese país africano.

La solicitud de extradición, cursada a través de Interpol por presunto blanqueo de dinero, se basa en acusaciones hechas en EE.UU. por presuntamente tapar los sobrecostes del programa CLAP del Gobierno de Maduro para suministrar alimentos a los desfavorecidos.

EFE

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