Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil enviaron una carta al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para informar sobre las detenciones arbitrarias en El Salvador en el marco de un régimen de excepción.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
“Nos dirigimos a ustedes para compartir información sobre detenciones arbitrarias masivas que se estarían dando en el marco del régimen de excepción (…) estas detenciones están siendo justificadas por el incremento de violencia homicida en el país, pero presentan características que riñen con estándares internacionales y con recomendaciones del Grupo de Trabajo”, señala la carta compartida en redes sociales por el medio El Faro.
Las organizaciones detallan en el documento que han recibido más de 2.262 denuncias de posibles detenciones arbitrarias por la Policía y militares, incluyendo la detención de al menos seis lideresas comunitarias.
La mayoría de estás detenciones son responsabilidad de la Policía Nacional Civil (76,8 %), siguen las realizadas por las Fuerzas Armadas (16,2 %) y las restantes con responsabilidad de ambas instituciones (5,6 %), señalan.
Las entidades explican que las consideran detenciones arbitrarias según las ha definido el Grupo de Trabajo, en particular la categoría III.
Esta comprende aquellos casos “cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario”.
Las organizaciones solicitan que se preste especial atención a las detenciones en el marco del estado de excepción, que se solicite información al Estado salvadoreño sobre lo expuesto y que se reitere al Estado de El Salvador la solicitud de realización de una visita oficial al país.
Además, piden una reunión virtual con la secretaria del Grupo de Trabajo, Lucie Viersma, para ampliar o responder a cualquier duda sobre lo expuesto.
Entre las entidades que suscriben la carta están Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
A inicios de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando “graves violaciones” a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.
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EFE
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