A falta de tres días para que la comisión de la verdad colombiana emita su informe final, muchos son los ojos que se han posado sobre sus instituciones homólogas, entidades cuyas conclusiones generaron mucha esperanza en sus países, pero que han sido frecuentemente desoídas, cuando no abiertamente ignoradas.
Un periplo por esas experiencias muestra que la impunidad no cesó, pero abrieron ventanas de oportunidad y, sobre todo, trazaron un panorama de unos años precedentes difíciles de ignorar para cada país.
EL SALVADOR: “DE LA LOCURA A LA ESPERANZA”
“El informe ha servido para decir que aquí hubo violaciones a derechos humanos que deben de juzgarse, pero los Gobiernos están encubriendo a los autores de estos hechos”, sostiene el abogado y activista salvadoreño Ovidio Mauricio, de la organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”.
En el país centroamericano, la comisión de la verdad surgió de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992), con la finalidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto.
Su informe, denominado “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”, fue el punto final a seis meses de trabajo que plasman casos como el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres (1989), así como la matanza de unos mil campesinos en la remota localidad de El Mozote (1981).
Para Mauricio, el informe sigue siendo hoy “una herramienta importante” para “buscar que se combata la impunidad”.
“Ese era, precisamente, el fin del informe de la Comisión de la Verdad, superar la impunidad, que hasta el momento no se ha superado, no hay un tan solo caso en donde se hayan condenado a los autores de estos graves hechos a violaciones a derechos humanos”, subraya.
En cambio, destaca que su trabajo fue “muy importante porque dio algunos lineamientos, incluso para la reparación, que lastimosamente no han sido obedecidos por los Gobiernos” salvadoreños.
PERÚ: SI VENCIMOS, ¿POR QUÉ NOS AGRAVIAN?
Comenzó a trabar en 2001 con las heridas abiertas del conflicto armado (1980-2000) y unas Fuerzas Armadas peruanas enardecidas por haber derrotado a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En ese contexto, quien fue presidente de la comisión en Perú, Salomón Lerner, recuerda las críticas que recibieron aún antes de comenzar su labor.
“Si nosotros vencimos a los terroristas, ¿por qué se nos agravia diciendo que también hemos cometido delitos?”, recuerda que le decían policías y militares.
De esos años de trabajo resalta que, “por más que no se destaque el informe ni lo citen, se ha prestado una mayor atención a las poblaciones más vulnerables de la sierra peruana y la población amazónica”.
Sin embargo, la gran frustración de Lerner es que no se hayan habilitado “los canales adecuados para que este trabajo pueda ser conocido por todos los peruanos en diversos niveles y lenguajes” que permita decirles, “no tanto el hecho concreto, sino el drama que sufrió el país y el riesgo que se corre con una sociedad en la cual el Estado es indiferente”.
“Creo que, si uno lee (el informe) con un poquito de reflexión debería llegar a la conclusión de que (…) hay un Perú dolido en donde no han sido en (ninguna) manera reconocidas todas las víctimas (…) Hay gente esperando el cuerpo de personas desaparecidas o que el Estado les diga ‘perdón”, subraya.
SUDÁFRICA: BUSCANDO LA RECONCILIACIÓN TRAS EL APARTHEID
Acaso uno de los países donde las vulneraciones a los derechos humanos es más conocido, solo una exigua fracción de los casos fueron procesados y las recomendaciones emitidas por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fueron en su mayoría “ignoradas” por el Estado.
Así lo apunta a Efe Verne Harris, experto de la Fundación Nelson Mandela, quien considera un “fracaso” la prometedora reconciliación de la década de 1990.
Además, dado que el mandato de la comisión estuvo limitado a las “grandes violaciones de derechos humanos”, otras graves injusticias -como la marginación económica de la población negra- quedaron sin respuesta.
La comisión, nacida tras el fin del “apartheid” con el complejo reto de unir a una sociedad polarizada y traumatizada por décadas de colonialismo, represión racista y una violenta transición a la democracia (1990-1994), ayudó a construir un relato unificado, pero el éxito de su “justicia restaurativa” genera opiniones encontradas.
Como primer presidente negro y democrático, Nelson Mandela encargó a otro Nobel de la Paz sudafricano, el arzobispo Desmond Tutu, liderar un organismo que examinara esa cruel historia, nombrando víctimas y agresores en todos los bandos.
Por sus audiencias desfilaron perfiles como la segunda esposa de “Madiba”, Winnie Mandela, o el último presidente del apartheid, Frederik Willem de Klerk, y se identificó a más de 20.000 víctimas de graves violaciones.
El énfasis de la comisión estuvo, sobre todo, en su misión de “reconciliación”, pero para Gabriel Crouse, analista del Instituto de Relaciones Raciales de Sudáfrica, también tuvo un papel importante en la mejora “drástica” de las relaciones raciales.
ARGENTINA: EL GRAN MODELO
En Argentina, la llegada de la democracia, en 1983, llegó acompañada de la decisión del presidente Raúl Alfonsín de investigar los innumerables casos de secuestros, torturas y desapariciones forzosas durante los siete años de sangrienta dictadura.
Así nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Considerada pionera de las comisiones por la verdad, se encargó, según recuerda a Efe Graciela Fernández Meijide, secretaria de Recepción de Denuncias en aquel organismo, de “investigar a lo largo y ancho de todo el país” e incluso fuera de él -por los testimonios de quienes se habían exiliado-, “la represión brutal” del terrorismo de Estado.
“Eso significó una enorme cantidad de material de denuncias (…) se tomó testimonio, se trabajó durante seis meses y todo ese material fue organizado para que se pudiera investigar sobre él y hacer causas jurídicas”, recuerda la activista, de 91 años, a quien la dictadura le secuestró a uno de sus hijos y nunca más supo de él.
Las conclusiones de la Conadep fueron sintetizadas en el emblemático informe “Nunca Más” (1984), que fue base probatoria en el histórico Juicio a las Juntas, que en 1985 sentó en el banquillo a los jefes de la dictadura.
Según la Conadep, desaparecieron casi 9.000 personas, una cifra que el Estado ha seguido actualizando hasta hoy, aunque apenas ha variado, y que es polémica porque otros organismos aseguran que fueron 30.000.
“Es imposible pensar (…) que una sociedad como la argentina deje sin denunciar, ya en democracia, a 20.000 víctimas”, concluye Fernández Meijide al defender las cifras que contabilizó la comisión.
Por Sara Acosta desde San Salvador, Rodrigo García desde Buenos Aires, Nerea González desde Johannesburgo y Gonzalo Domínguez Loeda desde Lima.
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